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Las reformas estructurales en Europa: De los objetivos a los hechos

Discurso pronunciado por José Manuel González-Páramo, miembro del Comité Ejecutivo del BCE
IV Foro Hispano-Alemán
Tercera Sesión:
La estrategia de Lisboa ¿Puede y debe Europa alcanzar sus objetivos?
Berlin, 5 de febrero de 2007

Señoras y señores,

Constituye para mí un honor participar en este IV Foro Hispano-Alemán. Déjenme, en primer lugar, agradecer a los dos co-Presidentes del Foro, Gerd Schulte-Hillen y Bernardo Cremades, y a las fundaciones Würth y Rafael del Pino, su amable invitación a participar en este evento.

Con motivo del acto inaugural del III Foro Hispano-Alemán celebrado en Madrid en diciembre de 2005, el Presidente de la República Federal de Alemania, Horst Köhler, en relación precisamente con el tema que nos ocupa en esta sesión – la estrategia de Lisboa-, afirmó: “Me parece que Europa no tiene problema a la hora de marcar los objetivos, pero sí cuando se trata de plasmar las metas acordadas”. Este es, desde luego, un excelente resumen de lo acontecido en Europa respecto a la aplicación de las denominadas reformas estructurales. La necesidad imperiosa de estas reformas fue reconocida hace tiempo por los responsables de la política económica de la Unión Europea, y particularmente por el Consejo Europeo de jefes de Estado y Gobierno al adoptar en 2000 la llamada “estrategia de Lisboa”. Pese a ello, los progresos en las reformas no han sido suficientes y su aplicación ha sido muy lenta, en particular si se tiene en cuenta la urgencia de las mismas y los costes de oportunidad asociados a esa lentitud. La revisión de la estrategia en 2005, tras la elaboración del informe elaborado por el Grupo de Alto Nivel presidido por Wim Kok, ha supuesto un nuevo intento de que Europa sea capaz de plasmar, esta vez, los objetivos en realidades.

Permítanme que ordene mis reflexiones sobre esta cuestión tratando de dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Por qué es urgente que Europa aplique reformas estructurales? ¿A qué reformas nos estamos refiriendo? ¿Será capaz Europa esta vez de lograr los objetivos marcados?

¿Por qué debe Europa aplicar reformas?

La necesidad -el deber, como reza el título de esta sesión - de que Europa efectúe reformas estructurales surge, en primer lugar, como consecuencia inmediata del análisis del patrón de crecimiento de las economías europeas en los últimos años, en particular cuando se compara este con el de otras economías desarrolladas como los Estados Unidos.

Tras la Segunda Guerra Mundial, los países europeos iniciaron una etapa de desarrollo durante la cual se produjo una paulatina aproximación del nivel de bienestar de los ciudadanos europeos al disfrutado por los estadounidenses. Este proceso se interrumpió en las décadas siguientes, pasando incluso a revertirse en los últimos años. En efecto, entre 1996 y 2006, la tasa de crecimiento media anual de la economía del área del euro en términos per capita ha sido del 2,1% frente al 2,4% de Estados Unidos, de forma que la brecha entre las dos economías se ha ampliado en 0,3 puntos porcentuales cada año.

En el patrón de crecimiento de la zona del euro en los últimos años destaca, por encima de todos los demás elementos, la reducida aportación de la productividad, variable que es considerada el determinante más importante del crecimiento a largo plazo de la economía. Desde 1996 el crecimiento de esta variable, medida por el PIB real por hora trabajada, se ha situado en media anual en el 1,4%, muy por debajo del experimentado en los Estados Unidos en el mismo período (2,5%), y alejado también del 2,1% observado en las propias economías del área del euro en el periodo 1990-1995.

¿Qué factores explicativos podrían encontrarse detrás de esta diferente tendencia observada en el crecimiento de la productividad entre el área del euro y Estados Unidos?

Un posible primer factor reside en el mayor crecimiento en la intensidad del capital (servicios de capital por hora trabajada) en Estados Unidos, lo que reflejaría una mayor inversión en tecnologías de información y comunicaciones (TIC), en particular en el sector servicios. En concreto, cuando se analiza la evolución desagregada de la productividad, se observa que esta se ha mostrado especialmente reducida en el área del euro en relación con Estados Unidos en el sector servicios, sector en el que se incluye desde el comercio al por mayor y minorista hasta los servicios de intermediación financiera, por ejemplo. En el mismo sentido, el peso de los sectores productores de tecnologías de información y comunicaciones es considerablemente más reducido en Europa.

En segundo lugar, los niveles de gasto en investigación y desarrollo, una variable generalmente asociada al crecimiento de la productividad, se encuentran en Europa significativamente por debajo de los observados en Estados Unidos.

Finalmente, la inversión en capital humano en nuestro continente no parece haber sido tampoco la más adecuada para los requerimientos de una economía intensiva en conocimiento, como lo demuestra que, por ejemplo, en 2004, sólo un 23% de la población entre 25 y 64 años alcanzó el nivel de educación terciaria en el área del euro frente al 39% de ese segmento de la población en los Estados Unidos.

Por otro lado, es cierto que en la última década la utilización del factor trabajo contribuyó al crecimiento del producto en el área del euro en mayor medida que en los Estado Unidos, como consecuencia, sobre todo, de un mayor incremento de las tasas de participación, notablemente en el caso de la mano de obra femenina. Pese a ello, el nivel de utilización del factor trabajo sigue siendo considerablemente más reducido en Europa, como consecuencia de unas menores tasas de participación, en particular en el caso de las mujeres y de las personas mayores, una tasa de desempleo más elevada y un número de horas trabajadas por empleado también inferior.

Estas consideraciones deberían ser, en sí mismas, suficientes, en mi opinión, para reconocer la necesidad de eliminar obstáculos al crecimiento de la productividad, la participación laboral y el dinamismo económico. Existen, no obstante, otras dos consideraciones que convierten, si cabe, en más urgente satisfacer esta necesidad con reformas decididas.

De un lado, debemos recordar la evolución previsible del factor demográfico. De acuerdo con las proyecciones disponibles, la tasa de dependencia se duplicará hasta el 2050, lo cual generará no sólo problemas de sostenibilidad de los sistemas de bienestar social, sino que también afectará negativamente al crecimiento del producto potencial.

De otro lado, el rápido cambio tecnológico y la aceleración del proceso de globalización están cambiando los patrones mundiales de producción y comercio. Para una economía abierta como la europea con una fuerte orientación a la producción manufacturera, estos desarrollos tienen una importancia crítica. En este sentido, respecto a la competitividad externa de la zona euro, se debe, en primer lugar, afirmar que el peso de sus exportaciones en los mercados mundiales, en definitiva, su cuota de mercado, permaneció relativamente estable en la última década. Sin embargo, esta comenzó a reducirse rápidamente en los últimos años.

Un análisis detallado de la evolución de las cuotas de mercado muestra que existe una fuerte relación positiva entre estas y los precios relativos de exportación (competividad-precio). Esta relación es especialmente estrecha en la zona euro, a diferencia de lo que ocurre en otras áreas económicas. Existen, sin embargo, factores distintos del precio que influyen sobre la evolución de las cuotas de mercado. En el caso de la zona euro se observa, por ejemplo, que la estructura geográfica de sus exportaciones ha tenido un efecto negativo sobre su cuota de mercado, dado que se encuentra especializado en regiones cuya demanda ha crecido por debajo de la media mundial. La estructura productiva de las exportaciones, por otro lado, no ha tenido un efecto negativo significativo sobre la evolución de la cuota de mercado de la zona del euro en los últimos años. Sin embargo, el hecho de que la especialización de las exportaciones europeas se concentre en productos de tecnología media, y no de tecnología avanzada, supone, sin duda, un elevado riesgo para el futuro, dado que aquellos mercados se encuentran sujetos a una competencia creciente por parte de nuevos competidores.

¿Qué reformas debe aplicar Europa?

Dado este diagnóstico de la economía europea, es obligado preguntarse qué medidas concretas de política económica deberían aplicarse para corregir el patrón de crecimiento de forma que se logre al mismo tiempo un crecimiento sólido del empleo y una recuperación de la productividad en Europa.

Al conjunto de medidas que los economistas sugieren como capaces de modificar el patrón de crecimiento en Europa es precisamente a lo que se ha dado en denominar “reformas estructurales”. Sin ánimo de ser exhaustivo, y siguiendo la caracterización utilizada por los redactores de la estrategia de Lisboa, estas reformas podrían agruparse en torno a cuatro objetivos esenciales: lograr una mayor participación de la población en el mercado de trabajo, incrementar la competencia, crear un entorno favorable para la iniciativa empresarial y, finalmente, fomentar la innovación. Y todo ello en el contexto de un política monetaria y unas políticas fiscales que garanticen la estabilidad macroeconómica.

En primer lugar, debemos reconocer que el funcionamiento adecuado de los mercados de trabajo es esencial para el crecimiento económico. En este sentido, las diferencias observadas en las evolución de los mercados de trabajo en Estados Unidos y Europa ha llevado a algunos analistas a hablar de un “modelo europeo” frente a un “modelo anglosajón”, en referencia a las distintas preferencias por el ocio y el trabajo en ambas sociedades. Sin embargo, debemos tener en cuenta que las reducidas tasas de participación que caracterizan a Europa, a las que hacía mención con anterioridad, no están asociadas necesariamente sólo con preferencias individuales, sino que pueden estar motivadas también por el entorno legal y regulatorio y los sistemas impositivos y de seguridad social existentes. En este sentido, existe evidencia de que los sistemas de prestaciones sociales demasiado generosos desincentivan la búsqueda de empleo, la existencia de esquemas de jubilaciones anticipadas fomentan una salida temprana del mercado de trabajo, y los tipos impositivos marginales muy elevados desincentivan, a su vez, la entrada en el mercado de trabajo y generan una reducción en el número de horas trabajadas.

Las medidas necesarias para aumentar la utilización del factor trabajo en Europa deben incluir, por lo tanto, la reforma de los sistemas impositivos y de prestaciones sociales. Del mismo modo, las medidas tendentes a favorecer la conciliación de la vida familiar y profesional, tales como la provisión de servicios para el cuidado de los niños, así como la aprobación de fórmulas de trabajo flexible, como el trabajo a tiempo parcial y temporal, deberían también traducirse en incrementos de las tasas de participación.

Por otro lado, el hecho de que la tasa de desempleo en el área del euro sea más elevada que en Estados Unidos y, en particular, que la tasa de desempleo entre los jóvenes sea especialmente alta en Europa, sugiere la existencia de un problema no sólo de oferta sino también de demanda de trabajo. En este contexto, surge la imperiosa necesidad de favorecer la flexibilidad salarial y de minimizar las rigideces del mercado de trabajo. La negociación salarial debería dar como resultado una evolución de los salarios adecuada a las condiciones de la economía, así como un grado de diferenciación salarial que refleje adecuadamente las diferencias de productividad de carácter regional y sectorial. Deberían también adecuarse las legislaciones de empleo, y en particular aquellas cláusulas que obstaculizan la contratación de jóvenes y trabajadores mayores. En el mismo sentido, deberían aplicarse políticas dirigidas a mejorar la adecuación de los trabajadores a los puestos de trabajo, es decir, a la inversión en educación, aprendizaje y formación permanente.

El segundo elemento que considero necesario para lograr un mayor crecimiento en el medio y largo plazo es el del incremento de la competencia. Los estudios económicos disponibles apuntan a que un mayor nivel de competencia tiende a favorecer el empleo, al menos en el largo plazo, y a incrementar la productividad, al mejorar la eficiencia productiva y mejorar los incentivos a invertir e innovar. Del mismo modo, una mayor competencia parece estimular el uso eficiente de los recursos y su reasignación, ejerciendo una presión a la baja sobre los costes y generando reducciones de precios.

En la Unión Europea se han hecho algunos avances en este terreno. Sin embargo, queda todavía mucho por hacer: la extensión y profundización en el Mercado Interior europeo continúa siendo, en este sentido, una prioridad. En particular, debería lograrse mayor competencia en los mercados de servicios, dado que estos representan cerca del 70% del empleo y del valor añadido de la economía. En este sentido, la adopción de la directiva de servicios por el Parlamento Europeo en febrero de 2006 constituye un paso adelante en la dirección adecuada, incluso si en la versión final no se ha ido tan lejos como en un principio se proponía. Por supuesto, lo importante ahora es que esta directiva se trasponga a la legislación nacional para que empiece a producir los efectos positivos esperados.

El tercer elemento favorecedor del crecimiento al que me gustaría prestar atención es el relativo a la creación de un entorno económico favorecedor de la iniciativa empresarial. Europa necesita más empresas con deseos de aprovechar los beneficios de un mercado más abierto y con disposición a embarcarse en proyectos creativos e innovadores para su explotación comercial a gran escala. La contribución del dinamismo empresarial a la productividad y a la innovación juega un papel fundamental, en particular, en las industrias de alta tecnología.

Un entorno económico favorecedor de los proyectos empresariales requiere una reducción de los trámites administrativos y de los papeleos para la creación de pequeñas y medianas empresas, así como acciones dirigidas a favorecer las necesidades de financiación de estas empresas. Un simple dato permite ilustrar los problemas a los que se enfrenta Europa en este terreno. De acuerdo con la información del Banco Mundial, el coste medio de comenzar un negocio de hasta 50 empleados en el área del euro (excluyendo Luxemburgo) se estimaba superior en 10 veces el coste en Estados Unidos en 2004.

En relación con los mercados de capital, la financiación del capital riesgo es especialmente importante, dado que sin estos fondos, muchos proyectos empresariales innovadores serían simplemente inviables. Europa está también especialmente rezagada en este terreno, ya que la financiación vía capital riesgo representa sólo una pequeña parte del peso alcanzado en los Estado Unidos.

En cuarto lugar, las reformas de los mercados de productos y trabajo ya mencionadas necesitan estar acompañadas de políticas que ayuden a la difusión del cambio tecnológico y la innovación. Estas políticas incluyen una mayor inversión en investigación y desarrollo. Asimismo, con el fin de hacer estas inversiones más efectivas, se requiere que se vean acompañadas por esfuerzos por mejorar el nivel educativo y la formación de la fuerza laboral. Una mejor educación también es necesaria, como mencionaba con anterioridad, para reducir los desequilibrios entre la oferta y la demanda en el mercado de trabajo y permitir una mejor y más suave recolocación de los trabajadores entre industrias y empresas. Afrontar los retos del progreso tecnológico y asegurar un mayor empleabilidad y flexibilidad de la fuerza de trabajo requiere, en definitiva, que el capital humano logre niveles satisfactorios de adaptabilidad a las necesidades del mercado, lo que a su vez requiere una mejora permanente de la educación y el aprendizaje.

En las últimas décadas se ha producido, de hecho, un importante aumento de los niveles de educación. En el área del euro, de acuerdo con la información proporcionada por la OCDE, una media del 73% de los individuos entre 25 y 34 ha alcanzado el nivel de educación secundaria superior, comparado con sólo un 46% en las personas entre 55 y 64 años. Sin embargo, hasta el momento la inversión en capital humano en Europa no es la más adecuada para una economía intensiva en conocimiento. En 2005, por ejemplo, el gasto anual en Estados Unidos en instituciones de educación superior por estudiante fue de 17.890 euros frente a los 7402 del área del euro. Del mismo modo, necesitamos un mayor número de científicos e investigadores. De nuevo, las cifras relativas en este campo son suficientemente elocuentes. El número de científicos e investigadores se sitúa cerca de 5,3 por cada 1000 trabajadores en la Unión Europa frente a 9 en el caso de los Estados Unidos.

Estas cuatro líneas de reforma a las que he hecho mención deben enmarcarse, como bien señala Ricardo Martínez Rico en el documento de trabajo elaborado como referencia para este debate, en un conjunto de políticas macroeconómicas destinadas a la estabilidad. Permítanme, por tanto, unos breves comentarios sobre la política fiscal y, como no podía ser de otra forma viniendo de un banquero central, sobre la política monetaria en el área del euro.

Unas finanzas públicas saneadas son un requisito necesario para un crecimiento económico sostenido. El efecto favorable al crecimiento de la política fiscal se produce a través de varias vías. En primer lugar, unas políticas fiscales prudentes reducen las primas de riesgo en los tipos de interés a largo plazo y, por lo tanto, permiten unas condiciones más favorables de financiación, lo cual, a su vez, favorece la inversión y el crecimiento a largo plazo. En segundo lugar, unas finanzas públicas saneadas son esenciales para que los países puedan permitir que los estabilizadores automáticos funcionen plenamente y, por lo tanto, para que la política fiscal constituya un mecanismo importante en el proceso de estabilización macroeconómica. Finalmente, la calidad de las finanzas públicas también es relevante para el crecimiento. El nivel y la composición de los ingresos y gastos públicos tienen un impacto sobre el funcionamiento de los mercados y pueden, por lo tanto, favorecer o limitar el dinamismo económico. En este sentido, la reducción de gastos ineficientes podría permitir reducciones impositivas incentivadoras del ahorro, la inversión, la participación laboral y la asunción de iniciativas arriesgadas, mientras que un gasto público dirigido a fomentar la acumulación de capital físico y humano más que a, por ejemplo, sostener empresas en declive, es también positivo para el crecimiento económico.

Estas consideraciones, junto con la sólida evidencia acerca de la existencia de sesgos deficitarios en las políticas fiscales domésticas, así como la necesidad de dotarse de instrumentos de coordinación y protección contra externalidades fiscales entre países dentro de la Unión Monetaria, fueron las que llevaron a las autoridades europeas a firmar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

La realidad de los últimos años muestra, sin embargo, que, a pesar de que algunos países han logrado mantener situaciones presupuestarias saneadas, en otros la situación se ha deteriorado, y los procedimientos previstos en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento con el fin de prevenir y corregir los déficit excesivos no siempre se han respetado. Esta falta de cumplimiento dio lugar a un intenso debate sobre la eficacia de las reglas fiscales de la Unión Económica y Monetaria, que a nivel político concluyó con la reforma del Pacto acordada por el Consejo Europeo de 23 de marzo de 2005.

El nuevo Pacto contiene una aproximación más sofisticada a la supervisión fiscal, que, aunque pueden reforzarlo haciéndolo más adaptable a las circunstancias económicas, y más aceptable, por tanto, para los Estados miembros, no conjura el riesgo de que esa mayor complejidad sirva de excusa para retrasar los esfuerzos fiscales. Se hace, por lo tanto, absolutamente necesario mejorar la observancia de las nuevas normas y la exigencia en el cumplimiento riguroso de las mismas.

La información existente sobre la situación de las finanzas públicas desde la aprobación del nuevo Pacto apunta a una mejora, aunque lenta, de los saldos presupuestarios. Sin embargo, no hay motivos para la complacencia. Aunque las reducciones previstas de los desequilibrios fiscales resultan satisfactorias, pueden atribuirse sólo parcialmente al progreso del saneamiento estructural, puesto que el aumento del crecimiento económico y los elevados ingresos extraordinarios están desempeñando un papel importante. Los últimos programas de estabilidad actualizados que han presentado los países de la zona del euro reflejan también que los gobiernos proyectan medidas adicionales para lograr posiciones presupuestarias saneadas. Sin embargo, también hay indicaciones de que los objetivos presupuestarios no incorporan de manera consistente un grado suficiente de consolidación, ni aún han especificado medidas concretas y creíbles al respecto en todos los programas. Dichas indicaciones constituyen un motivo de preocupación y representan riesgos para el futuro. Especialmente en el entorno actual de bonanza, es esencial que los países que presentan desequilibrios fiscales alcancen situaciones presupuestarias saneadas y que todos los países de la zona del euro eviten introducir una relajación procíclica de la política fiscal. Asimismo, como mencionaba con anterioridad, todos los países han de introducir mejoras en la calidad de sus políticas impositivas y de gasto como parte de una estrategia integral a medio plazo, a fin de reforzar la confianza en un entorno de política fiscal sostenible y favorable al crecimiento y al empleo.

En cuanto a la política monetaria, ¿cuál debe ser su papel? Existe un amplio consenso en cuanto a que el objetivo primordial de la política monetaria para garantizar un crecimiento sostenido ha de ser el mantenimiento de la estabilidad de precios. En este sentido, en sus ocho años de vida, la política monetaria del área del euro ha sido capaz de cumplir con este objetivo, definido como una tasa de inflación inferior pero cercana al 2% en el medio plazo, haciendo de esta forma su mejor contribución al crecimiento económico. Es cierto que en algunos momentos la tasa de inflación ha superado el 2% como consecuencia de perturbaciones de carácter temporal como, por ejemplo, el fuerte incremento del precio del petróleo. En presencia de este tipo de shocks, sin embargo, lo que es importante desde el punto de vista de la política monetaria es que la estabilidad de precios se mantenga en el medio plazo, es decir, cuando el shock desaparece.

Un indicador adicional del éxito de la política monetaria del Banco Central Europeo es el que proviene de la evolución de los indicadores de expectativas de inflación. Al examinar distintas medidas de inflación esperada a largo plazo en el área del euro disponibles, tales como la Encuesta del BCE a los expertos en previsión económica y el denominado Consensus Forecasts, o las tasas implícitas en algunos instrumentos financieros, podemos concluir que las expectativas de inflación a largo plazo se han mantenido sólidamente ancladas en nuestra definición de estabilidad de precios desde la introducción del euro. Esta es la mejor contribución de la política monetaria a la estabilidad y el crecimiento económico.

Pese a su relativa juventud, la política monetaria única ofrece hoy uno de los pilares más firmes para el progreso y el bienestar. Los mercados y los agentes económicos están familiarizados con nuestra estrategia, conocen nuestra permanente actitud de alerta creíble, y saben que la política monetaria hará en cada momento lo necesario para evitar que se materialicen los riesgos para la estabilidad de precios.

¿Puede Europa alcanzar sus objetivos?

Como señalaba en mi introducción, la necesidad de aplicar reformas estructurales ha sido reconocida desde hace tiempo por los responsables de la política económica de la Unión Europea. La revisión intermedia de la estrategia de Lisboa realizada en 2005 por el Consejo Europeo reconoció que el balance distaba de ser satisfactorio. Entre las razones que explicaban ese retraso se identificaron las relativas a la propia definición de los objetivos, que fueron adoptados en un contexto de fuerte crecimiento económico, extrapolado de manera errónea al futuro, y fijados para el conjunto de la Unión, a pesar de que las situaciones de partida de los países eran muy distintas. Los instrumentos empleados para lograr las metas no fueron tampoco muy eficaces, dado que se dejó descansar el peso excesivamente sobre la voluntad política de los Estados miembros, lo que dio lugar a un compromiso reducido con las reformas.

En este contexto, los dirigentes europeos expresaron un llamamiento urgente para renovar el ímpetu y redefinir los objetivos de la estrategia de Lisboa, ofreciendo un mayor compromiso por parte de los gobiernos para acelerar las reformas. En concreto, se introdujeron modificaciones en la gobernanza de la estrategia con el fin de mejorar la implementación de las reformas estructurales. Un resultado de este proceso fue que todos los países han debido preparar los denominados Programas Nacionales de Reforma describiendo los pasos en las reformas estructurales para el período 2005 a 2008. En su conjunto, los Programas y sus actualizaciones hasta ahora presentados parecen reflejar un mayor compromiso de los gobiernos con el proceso. El Consejo de Gobierno del BCE acogió, de hecho, con satisfacción los informes de progreso presentados por los Estados miembros de la UE en el 2006 en relación con sus programas nacionales de reformas para el período 2005-2008.

En mi opinión, uno de los principales problemas con el que se enfrentan los gobiernos a la hora de cumplir con los objetivos de la Agenda es el derivado del impacto temporal de las reformas. Mientras que los costes, cuando existen, tienen lugar en el corto plazo, los beneficios de las reformas tienden a observarse en el medio y el largo plazo y, lo que es frecuente, con posterioridad al período legislativo en que se aplican, lo que complica la economía política de la reforma y dificulta su adopción. En este contexto, es importante que los mensajes de los responsables políticos a la ciudadanía sigan subrayando que las reformas producen efectos positivos, y que sus beneficios en el medio y largo plazo compensan los posibles costes existentes en el corto plazo. Algunos ejemplos permites ilustrar esta afirmación.

En relación con los mercados de trabajo, algunos países europeos ya han aplicado una parte de las reformas necesarias. Este es el caso, por ejemplo, de Dinamarca, Irlanda y Holanda, con resultados muy positivos en la reducción del desempleo y en el fomento de la creación de empleo en todos ellos a pesar de partir de condiciones económicas muy diferentes. En 2005 la tasa de desempleo de esos países se encontraba por debajo del 5% y su tasa de empleo se situaba muy cerca o incluso por encima de la de Estados Unidos. Para alcanzar ese éxito, reformaron sus sistemas impositivos y de prestaciones sociales, reduciendo las brechas fiscales del factor trabajo y estableciendo reglas muy estrictas para la búsqueda de empleo y una supervisión mayor de los criterios de elegibilidad de los programas de prestación por desempleo. Al mismo tiempo, también incrementaron, cuando era necesario, la flexibilidad de sus mercados de trabajo, modificando la legislación de protección del empleo, en particular en lo relativo a los trabajadores temporales.

En el caso de la regulación de los mercados de productos, también se han efectuado avances considerables con efectos muy positivos. Por ejemplo, algunas industrias de red, tales como las de telecomunicaciones, están ahora muy o completamente abiertas a la competencia. El resultado ha sido un importante crecimiento observado en la productividad en algunas de las industrias de red en Europa en los últimos 10 años. El sector telecomunicaciones, que fue muy liberalizado durante los 90, tuvo un crecimiento medio de la productividad por hora trabajada del 8,5% en el periodo 1996-2003 superior al 6,9% observado en los Estados Unidos en el mismo periodo. Al mismo tiempo, el índice armonizado de precios al consumo de las telecomunicaciones cayó un 35% en relación con el índice total en el área del euro en el período 1998-2005.

La importancia central que tiene conseguir un entorno favorecedor de las actividades empresariales está también siendo apreciada crecientemente por los gobiernos europeos, y existen varias iniciativas a nivel nacional y comunitario que han empezado a aplicar reformas para mejorar la regulación. Por ejemplo, en marzo de 2006, el Consejo Europeo acordó el establecimiento de los denominados “one-stop-shop” en cada Estado Miembro para el final de 2007, lo que permitirá la creación de una empresa en un periodo de una semana. Hoy, el número de días necesario para crear una empresa nueva en el área del euro varía desde los 8 días de Francia y Portugal hasta los 47 y 38 de España y Grecia, respectivamente, comparado con sólo 5 días en los Estados Unidos.

La relevancia de la investigación y el desarrollo es, asimismo, reconocida por los gobiernos y las empresas europeas. Europa ha fijado un objetivo de alcanzar un peso de este gasto sobre PIB del 3% en 2010 y algunos progresos se han efectuado ya en este sentido. De acuerdo con una encuesta piloto reciente a nivel europeo sobre la inversión en investigación y desarrollo, las empresas europeas esperan que sus inversiones totales en I+D crezcan un 5% anual durante los próximos tres ejercicios, lo que representaría, caso de cumplirse, una gran mejoría en relación con el pasado reciente. Con esa tasa de crecimiento las empresas europeas se situarían en unos niveles similares a los de las americanas en términos de gasto en I+D por primera vez desde hace un buen número de años.

Conclusiones

Permítanme terminar con unas conclusiones. En mi intervención hoy he subrayado algunos elementos del patrón de crecimiento de las economías europeas que están limitando el potencial de crecimiento actual y ponen en riesgo el crecimiento futuro. Entre estos elementos destaca, con carácter general, la reducida aportación de la productividad al dinamismo de las economías europeas en los últimos años.

Mejorar el patrón de crecimiento de las economías del área del euro exige, a mi entender, el diseño y la aplicación consistente de políticas económicas que generen confianza en los agentes económicos. Esta estrategia debe contar con tres pilares fundamentales. En primer lugar, deben introducirse reformas estructurales encaminadas a favorecer la participación en el mercado de trabajo, incrementar la competencia, crear un entorno favorable a la iniciativa empresarial y fomentar la innovación. El éxito de la economía política de las reformas depende, en gran medida, de la claridad con la que se expliquen a los ciudadanos su contenido y los beneficios esperados de las mismas. En segundo lugar, deben aplicarse políticas fiscales que garanticen el mantenimiento de situaciones presupuestarias saneadas y sostenibles. Por último, la política monetaria debe seguir respondiendo al objetivo primordial de la estabilidad de precios. Esta es, sin duda, su mejor contribución a un crecimiento sostenido.

Muchas gracias por su atención.