Estabilidad y prosperidad en la Unión Monetaria

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Resumen

En su discurso ante los estudiantes de la Universidad de Helsinki, el presidente del BCE, Mario Draghi, explicó las condiciones mínimas necesarias para completar la unión monetaria de forma que traiga estabilidad y prosperidad a todos sus miembros.

Reconociendo que «pese a toda su capacidad de resistencia, nuestra unión aún no está terminada», Draghi argumentó que, en última instancia, sus Estados miembros «deben estar mejor dentro que fuera».

«Si algunas partes de la zona del euro están peor dentro de la Unión, surgirá la duda de si en última instancia tendrán que abandonarla».

«El euro es, y tiene que ser, irrevocable en todos sus Estados miembros, no solo porque lo digan los Tratados, sino también porque es imprescindible para que exista una auténtica moneda única», declaró el Presidente.

En ausencia de transferencias fiscales permanentes entre los Estados miembros, deben cumplirse dos condiciones mínimas para alcanzar estos objetivos: la primera es que todos los países de la zona del euro deben poder prosperar por sí mismos, la segunda es que los países de la zona del euro necesitan invertir más en otros mecanismos para compartir el coste de las perturbaciones.

En una unión monetaria la evolución económica de un país no puede considerarse una cuestión puramente nacional. «Existe un argumento de peso a favor del ejercicio conjunto de la soberanía sobre determinadas políticas económicas, referido, sobre todo, a las reformas estructurales», subrayó el Presidente.

Sin embargo, los ajustes económicos pueden tener costes a corto plazo.

Para asegurar que, en presencia de perturbaciones, los países estén en mejor situación dentro de la Unión que fuera de ella, «necesitamos otras vías que ayuden a distribuir dichos costes… existen razones de peso para que la distribución del riesgo privado desempeñe este papel». En este contexto Draghi declaró que necesitamos eliminar urgentemente las barreras a la integración de los mercados de capitales.

Es necesario que la deuda soberana actúe como refugio en tiempos de dificultades. Esto puede lograse, en primer lugar, mediante la aplicación de un marco sólido de gobernanza fiscal y, en segundo lugar, mediante alguna forma de respaldo de la deuda soberana. El Presidente concluyó que «a más largo plazo, sería lógico seguir reflexionando sobre si en la zona del euro hemos hecho bastante para mantener en todo momento la capacidad para aplicar una política fiscal contracíclica. Pero también es evidente que... esto solo podría tener lugar en el contexto de un paso decisivo hacia una unión fiscal más estrecha».

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Señoras y señores:

Comúnmente se piensa, erróneamente, que la Unión Europea, y la zona del euro, son uniones económicas sin una unión política de fondo. Se trata de un grave malentendido de lo que significa una unión económica, que es política por naturaleza.

El mercado único es un concepto político que no podría funcionar sin estructuras políticas adecuadas. Una autoridad de defensa de la competencia sólida necesita un poder ejecutivo que haga cumplir las normas de la competencia, un poder legislativo que elabore dichas normas, y un poder judicial que resuelva los conflictos conforme a derecho. La Comisión, el Consejo de la UE, el Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea desempeñan estas funciones ^[1].

Igualmente, la moneda fiduciaria es un concepto político, y una unión monetaria no podría funcionar sin estructuras políticas adecuadas. En este caso, un banco central independiente debe cimentar su legitimidad en un mandato claramente definido y consagrado en un marco constitucional acordado democráticamente, que en el caso del BCE son los Tratados de la UE ^[2].

Si nuestra unión ha demostrado durante los últimos años una capacidad de resistencia mayor de lo que muchos pensaban, es solo porque los que dudaban de ella valoraron incorrectamente esta dimensión política. Subestimaron los pilares políticos de nuestra unión, los lazos entre sus miembros y el volumen de capital político invertido en ella.

Sin embargo, es evidente que pese a toda su capacidad de resistencia, nuestra unión aún no está terminada. Ese es el diagnóstico emitido hace dos años por los presidentes del Consejo Europeo, la Comisión Europea, el Eurogrupo y yo mismo, en nuestro Informe de los cuatro presidentes. Y aunque se ha avanzado en algunas áreas, queda trabajo por hacer en otras.

Hasta que no hayamos completado la UEM, lo que requiere unas condiciones mínimas en todas las áreas que hagan que nuestra unión sea verdaderamente sostenible, las dudas sobre su futuro nunca desaparecerán del todo. Esto es cierto independientemente de la intensidad del compromiso político manifestado.

En mi discurso de hoy desearía analizar cuáles son esas condiciones mínimas para completar nuestra Unión de manera que traiga estabilidad y prosperidad para todos sus miembros.

Condiciones mínimas para la unión monetaria

Cuando los países se integran en una unión monetaria, pasan a compartir su política monetaria y desaparecen los tipos de cambio individuales. Esto ofrece importantes beneficios, pero también tiene costes.

Por un lado, especialmente para los países más pequeños, compartir la soberanía de la política monetaria es una manera de recuperar la soberanía. En lugar de que su política monetaria venga determinada en la práctica por un vecino más grande, pueden participar en igualdad de condiciones en las decisiones para el conjunto de la zona del euro. La desaparición de la incertidumbre sobre el tipo de cambio también tiene como beneficio inmediato la reducción de la prima de riesgo.

Por otro lado, compartir la política monetaria y, en particular, el tipo de cambio priva a las economías nacionales de algunos instrumentos de ajuste para afrontar perturbaciones locales.

Esto significa que tales perturbaciones deben ser evitadas en la medida de lo posible mediante políticas económicas sólidas. También significa que cuando se producen perturbaciones, como ocurrirá inevitablemente, el ajuste debe producirse a través de otros canales. Y lo que es más importante, esos canales deben ser al menos tan eficaces como si los países no formasen parte de la unión monetaria. Sus miembros deben estar mejor dentro que fuera.

Esto se explica por una razón: si algunas partes de la zona del euro están peor dentro de la Unión, surgirá la duda de si en última instancia tendrán que abandonarla. Y si un país puede potencialmente abandonar la unión monetaria, se establecería un precedente para los demás países. Esto a su vez perjudicaría la fungibilidad de la moneda, al existir un riesgo de redenominación sobre los depósitos bancarios y otros contratos financieros de un país.

Esto no es teoría: todos hemos sido testigos de cómo los temores sobre la salida del euro y la redenominación han fragmentado nuestras economías, con costes de empleo y bienestar considerables.

Por tanto, debe quedar claro que el éxito de la unión monetaria en un país depende de su éxito en todos los países. El euro es, y tiene que ser, irrevocable en todos sus Estados miembros, no solo porque lo digan los Tratados, sino también porque es imprescindible para que exista una auténtica moneda única.

Aunque estos comentarios sobre la zona del euro podrían aplicarse a la mayoría de zonas monetarias, la participación en nuestra unión monetaria tiene características diferentes a la participación en otras uniones políticas. En concreto, operamos en un entorno en el que no hay transferencias fiscales permanentes entre países ^[3], lo que tiene consecuencias importantes.

En todas las economías nacionales existen transferencias permanentes de las regiones más ricas a las más pobres, de las más densamente pobladas a las menos densamente pobladas, y de las que poseen recursos naturales más abundantes a las que poseen menos recursos naturales. En Estados Unidos estas transferencias se realizan a través del presupuesto federal. También existen en Alemania, Italia o Finlandia. Las transferencias fiscales, siempre que sean justas, suelen ayudar a reforzar la cohesión social y protegen frente a la tentación de la secesión.

Pero puesto que la zona del euro no prevé este tipo de transferencias, este modelo no es aplicable a nuestro caso. Necesitamos un enfoque diferente para asegurar que cada país siempre esté mejor dentro de la Unión que fuera de ella, para lo que deben cumplirse dos condiciones mínimas.

En primer lugar, todos los países de la zona del euro deben poder prosperar por sí mismos. Para ello, cada economía debe ser suficientemente flexible para identificar y aprovechar sus ventajas comparativas a fin de beneficiarse del mercado único. Deben poder asignar sus recursos de manera eficiente y crear un entorno empresarial dinámico que les permita atraer capital y generar un nivel de empleo adecuado.

También tienen que ser suficientemente flexibles para responder con prontitud a las perturbaciones a corto plazo, mediante ajustes salariales o reasignaciones de recursos entre sectores.

Esto es especialmente importante ya que, debido a las barreras culturales, la movilidad laboral apenas ofrece una pequeña válvula de escape para el elevado desempleo en algunos lugares de la zona del euro, al menos en comparación con uniones más homogéneas como Estados Unidos. Ciertamente, una mayor movilidad entre países sería bienvenida y deberíamos promover medidas que la apoyaran. No obstante, los estudios realizados sugieren que es improbable que los flujos migratorios entre países lleguen a convertirse en un factor determinante del ajuste del mercado laboral tras perturbaciones importantes ^[4]. En cualquier caso, ningún país se beneficiará si su población se marcha.

La segunda implicación de la falta de transferencias fiscales es que los países de la UEM necesitan invertir más en otros mecanismos para compartir el coste de las perturbaciones.

Muchas de ellas pueden evitarse aplicando las políticas correctas. Sin embargo, cuando no es posible evitarlas, el ajuste interno será en general más lento que cuando los países pueden ajustar los precios relativos instantáneamente mediante el tipo de cambio. En estas circunstancias, es necesaria alguna forma de distribución de riesgos entre países que ayude a reducir los costes del ajuste en esos países y evite que las recesiones dejen cicatrices profundas y permanentes.

En nuestro caso, se trata de profundizar en la integración financiera de manera que se mejore la distribución del riesgo privado, en particular, mediante carteras financieras más diversificadas que puedan diseminar el riesgo y el rendimiento entre regiones, y mercados de crédito más integrados que puedan suavizar los patrones de consumo. Esto significa asegurar que se dan las condiciones para que todos los países puedan seguir utilizando plenamente su política fiscal nacional como colchón anticíclico.

Permítanme explicar estos aspectos y sus implicaciones con algo más de detalle.

Economías que pueden ajustarse rápidamente ante perturbaciones y crecer

Para que una economía tenga capacidad de resistencia y flexibilidad, los salarios y los precios deben poder ajustarse a la situación económica, y los recursos deben poder reasignarse rápidamente entre empresas y sectores.

La teoría económica nos enseña que en una unión monetaria es fundamental asegurar que el ajuste se produzca a través de precios, y no de cantidades, es decir, de desempleo. Esto también lo hemos observado en nuestra experiencia directa: durante la crisis los países con economías más flexibles han mostrado, en general, un ajuste más rápido y con menor coste de puestos de trabajo. Esto es evidente, por ejemplo, si se compara la experiencia de Irlanda y Letonia con la de España, Portugal y Grecia ^[5].

También sabemos que las economías flexibles que pueden asignar los recursos de manera eficiente son las que más se benefician del mercado único aprovechando sus ventajas comparativas. Y aunque las poblaciones estén envejeciendo, también tienen mejores oportunidades para aumentar el crecimiento potencial. De nuevo, esto es cierto en teoría y también visible en la práctica. Por citar un ejemplo, según la clasificación de competitividad mundial elaborada por el Foro Económico Mundial, Finlandia ocupa el cuarto lugar, mientras que Grecia ocupa el puesto 81 ^[6].

Hasta ahora, estas diferencias en las estructuras e instituciones de nuestras economías se han considerado en gran medida una cuestión nacional. Los países que reformaban su economía y mejoraban su entorno empresarial eran considerados los principales beneficiarios de sus esfuerzos. Si algunos países no realizaban reformas, se pensaba que serían los únicos que sufrirían las consecuencias.

Esta idea se reflejaba en el hecho de que, aunque la política monetaria pasó a ser europea, partes importantes de la política económica seguían siendo competencia nacional, con una gobernanza común relativamente laxa. Parecía algo natural, dado que muchas de estas políticas, como las instituciones del mercado de trabajo o los sistemas de protección social, están profundamente arraigadas en el modelo social y en la tradición de los países.

Sin embargo, a la luz de la experiencia adquirida, soy escéptico sobre si está idea es aún válida. En realidad, que las economías puedan ajustarse y crecer incumbe y mucho a los demás países.

Si en unos países de una unión monetaria el ajuste es permanentemente más lento que en otros, es probable que sus niveles de desempleo sean sistemáticamente mayores. Si, además, su potencial de crecimiento es menor, aumenta la probabilidad de que ese desempleo se consolide y se convierta en estructural. En otras palabras, la falta de reformas estructurales aumenta el riesgo de que las divergencias económicas entre miembros sean permanentes. En la medida que esto afecte a la imprescindible cohesión de la Unión, dicha falta de reformas tiene consecuencias potencialmente perjudiciales para todos los miembros de la UEM.

Desde esta perspectiva, los países de la zona del euro no pueden mostrarse indiferentes sobre si los demás afrontan el reto de las reformas o cómo las aplican. Su propia prosperidad depende en última instancia de que cada país cree las condiciones necesarias para mejorar en el seno de la Unión. Por ello, existe un argumento de peso a favor del ejercicio conjunto de la soberanía sobre determinadas políticas económicas, referido, sobre todo, a las reformas estructurales.

Este fue el punto de partida de la reflexión que comenzó en 2012 con el Informe de los Cuatro Presidentes sobre la construcción de una unión económica genuina para la zona del euro. En mi opinión, profundizar en la unión económica requeriría dos cosas.

En primer lugar, a corto plazo, una aplicación más efectiva de las normas y procedimientos que ya tenemos, como el Semestre Europeo. Esto implicaría incrementar la responsabilidad de todos los participantes para asegurar que las recomendaciones apunten a la dirección correcta, y que su aplicación se vigile de cerca y tenga seguimiento. Ello requiere el empleo activo de las medidas correctoras para afrontar desequilibrios importantes, como el Procedimiento de Déficit Excesivo.

En segundo lugar, a más largo plazo, el reconocimiento de los intereses comunes y la realidad de los efectos de contagio, mediante una soberanía compartida real de la gobernanza de las reformas estructurales. Esto es, sustituir la coordinación de decisiones por su adopción conjunta, y las normas por las instituciones.

Distribución del riesgo privado a través de mercados financieros integrados

No obstante, como ya he mencionado, las economías nunca tendrán un grado de flexibilidad que permita un ajuste tan rápido como el que se produciría si tuvieran su propio tipo de cambio. Siempre habrá costes a corto plazo. Por tanto, para asegurar que, en presencia de perturbaciones, los países estén en mejor situación dentro de la Unión que fuera de ella, necesitamos otras vías que ayuden a distribuir dichos costes.

En una unión monetaria como la nuestra, existen razones de peso para que la distribución del riesgo privado desempeñe este papel. De hecho, cuanta menos distribución del riesgo público deseemos, más necesitamos la distribución del riesgo privado.

La distribución del riesgo privado viene principalmente de la mano de un sistema financiero bien integrado. La diversificación de las carteras incrementa la resistencia de los balances a las perturbaciones locales y permite que sus efectos se dispersen entre los distintos países. Y los mercados de crédito integrados permiten a empresas y hogares mitigar los posibles efectos negativos sobre la renta anticipando el consumo futuro, que en la zona del euro significa básicamente la obtener crédito de los países menos afectados. Dicho de otro modo, la unión financiera es parte integral de la unión monetaria.

Estados Unidos ofrece un ejemplo de en qué medida la distribución del riesgo privado puede ser eficaz en una unión monetaria. De acuerdo con las conclusiones de un estudio muy conocido, aproximadamente dos tercios de las perturbaciones económicas se absorben en ese país a través de mercados financieros integrados. En contraste, los estudios sobre la zona del euro sugieren que los mercados de crédito y de capitales son mucho menos eficaces para suavizar el perfil de renta ^[7].

La explicación de este limitado grado de distribución del riesgo en la zona del euro podría encontrarse en el modelo de integración financiera relativamente poco profundo que existía antes de la crisis.

En el sector bancario, la integración de los mercados interbancarios avanzó mucho más rápidamente que la de los mercados minoristas. Así, la mayoría de los activos bancarios seguían concentrados en sus mercados locales, mientras que sus pasivos estaban principalmente contenidos en deuda a corto plazo. Por ello, cuando se producía una perturbación importante de carácter local, quedaban expuestos a pérdidas sustanciales y concentradas. Y, en lugar de compartir dichas pérdidas, los acreedores podían huir ^[8]. La fragmentación financiera resultante también daba lugar a que los mercados de crédito transfronterizo no pudieran cumplir su papel.

En este contexto, la unión bancaria representa un paso clave para sentar las bases de una integración financiera de más calidad. La supervisión y la resolución únicas deberían servir de catalizador para reducir los obstáculos para la actividad transfronteriza y fomentar una integración más profunda de la banca minorista. En el proceso, crearemos una mayor distribución del riesgo privado dentro del sector ^[9].

La unión bancaria está ya bastante avanzada: el Mecanismo Único de Supervisión asumió la supervisión de los bancos de la zona del euro a principios de este mes. Su «piedra de toque», la evaluación global de los balances de las entidades de crédito, concluyó satisfactoriamente el mes pasado. Y el Mecanismo Único de Resolución comenzará a operar el 1 de enero del año próximo.

Pero la limitada distribución del riesgo en la zona del euro no se refiere solo a los bancos, es también un reflejo de nuestros mercados de capitales relativamente incompletos y, en particular, de los mercados de renta variable, que son los más eficaces para absorber pérdidas. Con todo, únicamente el 44 % de la renta variable emitida en la zona del euro está en manos de otros residentes en la zona del euro ^[10].

Por tanto, para incrementar la distribución del riesgo privado en la zona del euro, necesitamos eliminar urgentemente las barreras a la integración de los mercados de capitales. Esta es, indudablemente, una cuestión compleja, puesto que afecta a múltiples aspectos de la legislación nacional ^[11]. Pero si no queremos una unión de transferencias, hemos de ser coherentes y establecer un entorno en el que otros mecanismos puedan funcionar.

Esto significa, en primer lugar, seguir avanzando en la agenda del nuevo presidente de la Comisión para establecer una verdadera unión de mercados de capitales en Europa. Y, en segundo lugar, la creación en paralelo de una auténtica unión económica. Para que los países puedan atraer capital y beneficiarse de la distribución del riesgo financiero, es necesario que sean atractivos para invertir en ellos. Y esto solo puede lograrse si, a medio plazo, todos los países tienen la capacidad de ajuste y las perspectivas de crecimiento necesarias.

No obstante, ni siquiera con una aplicación plena de estas uniones, podríamos considerar que tenemos una UEM completa. Hemos de reconocer el papel crucial de las políticas fiscales en una unión monetaria.

Políticas fiscales nacionales con posibles efectos contracíclicos

Una política monetaria única dirigida a la estabilidad de precios en la zona del euro no puede reaccionar a las perturbaciones que afecten a un solo país o región. Y no tenemos un presupuesto federal que pueda responder a ellas como, por ejemplo, en Estados Unidos. Por tanto, mientras persista esta situación es absolutamente imprescindible que las políticas fiscales nacionales puedan desempeñar su papel en la estabilización macroeconómica junto con la política monetaria, y reaccionar ante las perturbaciones locales que se produzcan.

De hecho, las políticas fiscales son especialmente relevantes para nosotros: un estudio reciente demuestra que en la UE los estabilizadores automáticos absorben el 47 % de una perturbación de desempleo, frente al 34 % en Estados Unidos ^[12].

Para que los estabilizadores fiscales nacionales puedan desplegar plenamente sus efectos, es necesario que la deuda soberana actúe como refugio en tiempos de dificultades. Si actúa como deuda privada y los costes de endeudamiento se incrementan en momentos de tensión, el acceso a los mercados de deuda pública se ve restringido precisamente cuando más se necesita, y la política fiscal corre el riesgo de adquirir un sesgo procíclico.

En principio, existen dos vías para proteger el estatus de refugio de la deuda soberana: el primero es la aplicación creíble de un marco sólido de gobernanza fiscal. Esto significa contar con colchones suficientes durante el ciclo para absorber las perturbaciones excepcionales, y con niveles de deuda pública suficientemente bajos en tiempos de bonanza que puedan incrementarse en los malos momentos sin afectar a la confianza de los mercados.

La segunda vía es alguna forma de respaldo de la deuda soberana.

En la zona del euro, debido a diversos aspectos de nuestro marco institucional, hemos seguido principalmente la primera vía: normas fiscales estrictas. Esto ofrece un anclaje esencial para la confianza, no solo para los inversores sino también para las empresas y los hogares y, lo que es más importante, entre países. Por tanto, la importancia de que cada país cumpla los compromisos adquiridos en relación con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento no debería cuestionarse.

Indudablemente, un marco fiscal sólido es necesario en una unión monetaria. No obstante, hemos visto que, durante la crisis, lo que se ha puesto en duda es que sea suficiente como herramienta de estabilización para salvaguardar la política fiscal.

El marco de la UEM estaba basado en el supuesto de que el mantenimiento de unas políticas fiscales adecuadas sería suficiente para garantizar el acceso a los mercados y evitar el contagio. De hecho, los países con posiciones presupuestarias más sólidas han disfrutado en general de condiciones financieras más favorables y de mayor protección frente a los efectos de contagio. Pero también hemos visto que esta protección no es absoluta.

Por ejemplo, España e Irlanda tenían bajos niveles de déficit y deuda pública al principio de la crisis y aún con ello sufrieron seriamente el contagio de Grecia. Durante la fase de la crisis en la que el contagio en la zona del euro era más agudo, casi todos los países experimentaron un incremento de sus diferenciales de riesgo de crédito.

Dicho de otro modo, puesto que pueden darse situaciones de pánico en los mercados financieros, un cumplimiento estricto de las normas fiscales no puede ofrecer una garantía férrea de condiciones favorables de acceso al mercado.

Entonces, ¿qué pueden hacer los gobiernos en estas circunstancias para salvaguardar la capacidad de la política fiscal como herramienta de estabilización?

En primer lugar, este es precisamente el tipo de situación que acabo de mencionar y en la que podemos y debemos tratar de anticipar mejor las perturbaciones económicas. En este contexto, el Mecanismo Único de Supervisión es particularmente importante, puesto que podría contribuir a evitar los grandes desequilibrios financieros que hemos visto en países como España e Irlanda, que posteriormente se contagiaron al sector público.

En segundo lugar, es menos probable que los mercados reaccionen negativamente ante incrementos temporales del déficit si la deuda pública es claramente sostenible a medio plazo. Ello puede lograrse en parte mediante planes presupuestarios creíbles, que actúan sobre el numerador de la ratio de deuda pública en relación con el PIB. Pero esto debe incluir asimismo el incremento del crecimiento potencial mediante reformas estructurales, que actúan sobre el denominador.

Por ello, los gobiernos tienen, de hecho, un incentivo adicional para profundizar en unión económica. En la medida en que esto sirva de compromiso de que las reformas serán efectivamente aplicadas, contribuirá a incrementar los ingresos públicos en el futuro y a mejorar la sostenibilidad de la deuda. Con ello, podría ayudar incluso a crear un espacio fiscal en este momento.

Asimismo, un empleo más eficiente de los fondos de la UE para fomentar la demanda actual y el potencial futuro —lo que implica aumentar la inversión— tendría un efecto similar en la sostenibilidad del crecimiento y de la deuda. Por tanto, considero que la nueva propuesta de la Comisión de estimular la inversión en Europa es un paso en la dirección correcta. Lo que importa es que su tamaño complemente la orientación fiscal de los gobiernos nacionales, que se aplique con rapidez de forma que pueda respaldar la demanda, y que se dirija a aquellos sectores en los que su impacto sobre el crecimiento potencial sea mayor.

Con todo, una tercera conclusión resulta inevitable: ninguna forma de gobernanza más estricta puede eliminar completamente el riesgo de crisis de liquidez autoinducidas.

No creo que esta afirmación merezca discusión. Ha quedado demostrada con la creación del Mecanismo Europeo de Estabilidad. Y es asimismo el argumento que motiva el debate actual sobre el establecimiento de un respaldo para el Fondo Único de Resolución: la idea es prevenir que los gobiernos pierdan acceso a los mercados sobre la base de expectativas de rescates futuros autocumplidas ^[13].

Por tanto, a más largo plazo, sería lógico seguir reflexionando sobre si en la zona del euro hemos hecho bastante para mantener en todo momento la capacidad para aplicar una política fiscal contracíclica. No obstante, también es evidente que dicha reflexión tendría que formar parte de un debate más amplio sobre cómo reforzar el proceso común de adopción de decisiones sobre políticas fiscales y los acuerdos sobre rendición de cuentas.

En otras palabras, esto solo podría tener lugar en el contexto de un paso decisivo hacia una unión fiscal más estrecha. Y para dar este paso, necesitaríamos en primer lugar un proceso de convergencia de las políticas económicas y financieras como el que he descrito.

Conclusiones

Esto me lleva al final de mi intervención.

Lo que he expuesto hoy es que las dudas sobre la viabilidad de la UEM solo se eliminarán cuando la hayamos completado todos los ámbitos. Esto significa una unión bancaria y de mercados de capitales, significa una unión económica y fiscal. En una unión monetaria, ningún aspecto de la política puede considerarse aisladamente. Cada uno interactúa con los demás e influye en ellos. Y por tanto, la culminación de todas las áreas de la UEM refuerza y respalda a las demás.

La unión monetaria garantiza más eficazmente los intereses fundamentales de los ciudadanos cuando los intereses comunes se reconocen como tales, y cuando las responsabilidades propias de la participación en una comunidad se asumen plenamente. En otras palabras, su éxito depende en última instancia de reconocer que una moneda única es una unión política, y de que se asuman las consecuencias. Y esto requiere marcos adecuados para la rendición de cuentas y la transparencia.

Todos los países deben beneficiarse permanentemente de la participación en la unión monetaria. Y esto significa que las condiciones que he señalado no solo pueden cumplirse en el momento en que un país se incorpora a la unión o durante algún tiempo. Han de cumplirse siempre. Han de ser elementos irrevocables de la participación en la unión monetaria.

Y por esta razón, los acuerdos institucionales que aseguran el cumplimiento de dichas condiciones han de ser de carácter obligatorio y permanente.