Los peligros del aislamiento

Discurso pronunciado por Benoît Cœuré, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, ante el Council on Foreign Relations, Nueva York, 19 de abril de 2017

Actualmente observamos un recelo generalizado hacia el libre comercio y la globalización financiera en muchas partes del mundo^[1]. Esa desconfianza nace principalmente de la percepción de desigualdad de oportunidades y falta de participación en los beneficios derivados de la apertura internacional, que conducen a disparidades de ingresos cada vez mayores. Con frecuencia, no se trata de meras percepciones: en el país donde nos encontramos, por ejemplo, la desigualdad de ingresos netos ha aumentado ininterrumpidamente desde finales de la década de los setenta^[2].

Si bien la globalización podría haber contribuido a ensanchar la brecha de ingresos, el análisis empírico tiende a sugerir que el aumento de la disparidad desde principios de los ochenta en las economías avanzadas se explica en su mayor parte por el progreso tecnológico y el consiguiente incremento de la demanda de profesionales cualificados frente a poco cualificados^[3]. Pero, aun siendo esto así, los temores asociados a la globalización parecen dominar el debate público y probablemente han alimentado la oposición política a la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas.

Se ha discutido mucho sobre los peligros que conlleva el auge del proteccionismo. Hoy me gustaría centrarme en un riesgo conexo, aunque distinto: la posible relajación, de la que tanto se habla, de los acuerdos internacionales en materia de regulación financiera que fueron reforzados en respuesta a la crisis financiera. Dar marcha atrás en esta senda sería aún menos comprensible si se tiene en cuenta la incontestable evidencia empírica que indica que la asunción de riesgos excesivos por el sector financiero ha contribuido a acentuar la desigualdad^[4]. Por tanto, desmantelar el marco regulatorio no solo haría menos seguros los mercados financieros, sino que también iría en detrimento de aquellas personas que se sienten abandonadas a su suerte.

De hecho, en los últimos años, gracias a la labor del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) y de comités reguladores internacionales como el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, la comunidad internacional ha logrado importantes avances en la reformulación del marco regulatorio internacional para poner freno a la exuberancia financiera, proteger a los contribuyentes de rescates costosos y mejorar la cooperación transfronteriza^[5].

No cabe duda de que dichas reformas, además de mejorar la capacidad de los mercados financieros mundiales para afrontar perturbaciones, también han ayudado a la recuperación de la concesión de crédito bancario a hogares y empresas, aunque a veces se diga que la carga regulatoria puede lastrar el crecimiento económico y la rentabilidad de los bancos. Lo cierto es que los estudios realizados por el Banco de Pagos Internacionales muestran que las entidades adecuadamente capitalizadas tienden a prestar más^[6].

Nuestra experiencia en la zona del euro confirma esa idea. La introducción gradual del nuevo marco regulatorio ha contribuido a una mejora constatable de las ratios de capital de las entidades de la zona del euro en los últimos años. Paralelamente, y con el apoyo del amplio paquete de medidas de política monetaria adoptadas por el BCE, los préstamos bancarios a la economía real han registrado una recuperación constante desde sus mínimos cíclicos (e históricos) y, a finales del año pasado, se incrementaron a su ritmo más rápido desde el inicio de la crisis^[7].

Esto sugiere que un marco regulatorio sólido es un elemento esencial del programa de crecimiento de un país. Pero en una economía mundial integrada, la regulación financiera debe basarse en normas acordadas internacionalmente. El grado de adhesión a dichas normas por los distintos países determinará que las condiciones para el crecimiento se vean reforzadas en un entorno financieramente estable a escala mundial. Obviamente, esto no significa que no debamos reflexionar y revisar con espíritu crítico lo logrado hasta ahora. El FSB, junto con otros organismos, llevará a cabo una evaluación profunda de los efectos tanto individuales como conjuntos de las reformas aplicadas. Verificará si se han alcanzado los objetivos iniciales o si han tenido consecuencias no deseadas que hagan necesarios cambios en el marco regulatorio. Además, examinará si las reformas dirigidas a los diferentes sectores o segmentos del mercado han creado incentivos contrarios a los fines perseguidos. Y finalmente hará inventario del progreso realizado en lo que respecta a la limitación de la asunción de riesgos fuera del sector bancario y al reforzamiento de las infraestructuras de los mercados financieros.

Pero este ejercicio no debería confundirse con una aceptación de formas soterradas de proteccionismo financiero o una relajación regulatoria. Dar marcha atrás en la regulación financiera internacional reavivaría la desconfianza, crearía fragmentación financiera y riesgo de arbitraje regulatorio, e iniciaría una carrera de mínimos.

Hay demasiado en juego para permitir que este cortoplacismo prospere. Aunque una desregulación financiera unilateral puede producir beneficios rápidos, sus posibles efectos negativos sobre la estabilidad financiera y, por ende, sobre el crecimiento económico probablemente no se manifestarán hasta más tarde. Y entonces, se sentirían en todo el mundo. A la larga, los miembros más vulnerables de la sociedad quedarían muy expuestos.

Ahora más que nunca, los europeos estamos convencidos de que pertenecer a la Unión Europea (UE) nos ayuda a maximizar los beneficios de la cooperación internacional y minimiza los riesgos de un unilateralismo corto de miras. La UE ofrece un marco en el que los Estados miembros deben trabajar en pos de objetivos y valores comunes consagrados en nuestros tratados, aprovecha la experiencia adquirida como uno de los mayores mercados del mundo, que existe desde hace sesenta años y se rige por unas mismas normas, y nos recuerda que un intercambio justo no es posible sin un conjunto de reglas consensuadas y de obligado cumplimiento tanto nacional como internacionalmente.

Pese a que los retos son formidables, la UE y, en especial, la zona del euro tienen experiencia en superar desafíos comunes mediante la cooperación^[8]. La creación de un supervisor bancario único en la zona del euro, junto con el marco único para el rescate y la resolución de entidades de crédito, son un ejemplo reciente. El resultado es un trato igualitario para todos los bancos de la zona del euro que refuerza la estabilidad financiera, elimina los dobles raseros y protege a los contribuyentes europeos.

Las últimas medidas de la Comisión Europea para limitar las ventajas fiscales ilegales de las multinacionales y promover una base imponible común para el impuesto de sociedades son otro ejemplo. Avanzar en este ámbito es fundamental ya que la globalización ha complicado la fiscalidad efectiva de las multinacionales. La globalización solo será sostenible si sus beneficios se reparten entre toda la sociedad. Y esto es algo que las fuerzas del mercado no pueden corregir por sí solas. Solo es posible si los Gobiernos mantienen el control de sus sistemas fiscales y de prestaciones sociales. Una cooperación fiscal efectiva puede inclinar la balanza hacia el restablecimiento de la confianza en la globalización.

Es aconsejable redoblar estos esfuerzos. La globalización ya ha contribuido a una mejora considerable de nuestros niveles de vida. Durante los últimos veinticinco años, el comercio mundial ha registrado un crecimiento equivalente a prácticamente el doble del PIB, la apertura financiera se ha cuadruplicado y millones de personas, en particular en los mercados emergentes y en desarrollo, han salido de la pobreza. Los acuerdos regionales y multilaterales en materia financiera y de libre comercio, junto con la creación de instituciones financieras y órganos reguladores internacionales, han contribuido de forma notable a este proceso.

Muchos de nosotros hemos asumido esta evolución como algo normal. En Europa, por ejemplo, las generaciones más jóvenes han crecido creyendo que la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales es un derecho incuestionable.

El clima actual nos obliga a no caer en la complacencia. En un momento en que se ponen en entredicho los beneficios y la legitimidad de la cooperación internacional, es esencial defender los valores que constituyen el fundamento del gobierno económico mundial: apertura, colaboración y tolerancia. Quienes valoran las ventajas de la cooperación internacional deberían hacer oír su voz, subrayar los logros alcanzados y explicar por qué una cooperación continuada y reforzada es esencial. Esta llamada debe verse como una oportunidad y una responsabilidad, no como una tarea ingrata.