18.8.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 240/3

2.1.

Una de las cuestiones que la Comisión Europea menciona en relación con la concesión irresponsable de préstamos en los mercados de crédito hipotecario de la Unión es la relativa a los préstamos denominados en moneda extranjera que los consumidores suscriben en razón del tipo de interés ventajoso ofrecido, sin comprender adecuadamente el riesgo de tipo de cambio que conllevan (2).

2.2.

El BCE, en su informe sobre estabilidad financiera titulado Financial Stability Review, señalaba en 2010 que la crisis financiera de los últimos años ha subrayado los potenciales riesgos sistémicos vinculados al predominio de los préstamos en moneda extranjera en algunos Estados miembros, y destacaba la necesidad de vigilar y abordar esta cuestión a fin de evitar un incremento mayor en el número de préstamos en moneda extranjera (3). El BCE advertía de que un elevado nivel de préstamos en moneda extranjera a prestatarios no cubiertos puede suponer una considerable vulnerabilidad para algunos Estados miembros, ya que dichos préstamos convierten la exposición del sistema bancario al riesgo de tipo de cambio en riesgo crediticio y exponen a la economía a graves riesgos macrofinancieros. Además, un elevado nivel de deuda en moneda extranjera puede limitar el margen de maniobra de la política monetaria, así como su eficacia. Teniendo en cuenta estos efectos colaterales perjudiciales derivados de los préstamos en moneda extranjera, el BCE advertía de la importancia de que las autoridades económicas adopten medidas para evitar que tales préstamos adquieran un peso excesivo en el sistema bancario (4).

2.3.

En ese contexto, el BCE señalaba que la adopción de medidas de política reguladora y supervisora puede desempeñar un papel importante en la reducción de los riesgos derivados de los préstamos en moneda extranjera (5). Como principio general, se insta a las autoridades económicas a que, con el fin de contener el nivel de préstamos en moneda extranjera, generen un entorno general para los agentes económicos que fomente una toma de decisiones por parte de prestamistas y prestatarios prudente e informada. Esto supone el establecimiento como objetivo de políticas macroeconómicas sensatas orientadas a la estabilidad y políticas de mejora de los conocimientos financieros, así como una regulación y supervisión financieras adecuadas (6). En este sentido, la directiva propuesta especifica la información que debe proporcionarse a los consumidores cuando vaya a concederse un crédito en moneda distinta de la moneda nacional del prestatario (7). El BCE considera que la información debe incluir asimismo una explicación de los riesgos potenciales para el consumidor en el caso de que el crédito se denomine en moneda extranjera (8).

3.1.

Según la directiva propuesta, cada uno de los Estados miembros deberá garantizar que todos los prestamistas (9) puedan acceder sin discriminación a las bases de datos utilizadas en ese Estado miembro, a efectos de evaluar la solvencia de los consumidores y de verificar que estos cumplen con las obligaciones crediticias durante toda la vigencia del contrato de crédito. Además, según la directiva propuesta, se delegará en la Comisión la facultad de establecer criterios para el registro de créditos y condiciones de tratamiento de datos que sean uniformes y que se apliquen a las bases de datos, incluidos los umbrales de registro y definiciones consensuadas de los términos clave utilizados en dichas bases (10).

3.2.

Respecto de estas cuestiones, y aparte de una sugerencia de redacción técnica (véase la 1a modificación), el BCE desea hacer las observaciones siguientes en relación con las facultades delegadas en la Comisión.

3.2.1.

En primer lugar, las bases de datos a que se refiere la directiva propuesta incluyen bases de datos gestionadas por agencias de información crediticia o agencias de referencia de crédito privadas y registros públicos de crédito que, en los respectivos Estados miembros, sirven para evaluar la solvencia del consumidor y para verificar el cumplimiento por su parte de las obligaciones crediticias durante toda la vigencia del contrato de crédito. En una serie de Estados miembros, los respectivos BCN mantienen registros centrales de crédito, y algunos de ellos cumplen las finalidades arriba expresadas. El BCE, que actúa como catalizador en este ámbito (11), apoya la cooperación, intercambio de información y armonización de definiciones y conceptos entre los distintos registros centrales de crédito a nivel transfronterizo (12). Las periódicas turbulencias en el sector bancario y financiero han subrayado la importancia de los registros centrales de crédito como herramienta auxiliar para el seguimiento y gestión eficiente del riesgo crediticio por parte de las entidades de crédito, proporcionándoles acceso a la información acerca del endeudamiento de los prestatarios. Los registros centrales de crédito resultan ventajosos tanto para el ejercicio de la supervisión prudencial como en la función de los bancos centrales de contribuir a la estabilidad del sistema financiero, así como a efectos estadísticos. El desarrollo de sinergias transfronterizas entre registros centrales de crédito debería contribuir igualmente a garantizar un adecuado acceso a los prestamistas a los registros centrales de crédito.

3.2.2.

En segundo lugar, el BCE apoya el planteamiento propuesto de, al objeto de fomentar la armonización de las normas que regulan este ámbito, delegar en la Comisión la facultad de establecer criterios para el registro de créditos y condiciones de tratamiento de datos que sean uniformes y que se apliquen a las bases de datos. A fin de garantizar que la información se presenta de manera armonizada y accesible desde una perspectiva transfronteriza, las condiciones de tratamiento de datos y criterios para el registro de créditos requerirán que se identifique un conjunto de atributos clave e identificadores comunes, así como una definición común de los conceptos y datos subyacentes. Además, deberán tenerse en cuenta las cuestiones referentes a la confidencialidad y protección de datos y los aspectos relativos a la interoperabilidad de las bases de datos nacionales. El BCE considera asimismo que los criterios uniformes para el registro de créditos deberán entenderse como normas mínimas que, como tales, permitan que las agencias de información crediticia o agencias de referencia de crédito privadas y los registros públicos de crédito obtengan, en su caso, y teniendo en cuenta sus respectivos objetos sociales y modelos de negocio, información adicional sobre estos créditos.

3.2.3.

Por último, el BCE recomendaría que, teniendo en cuenta sus respectivas competencias y conocimientos en esta área, se establezcan estrechas relaciones con la Autoridad Bancaria Europea (EBA), el BCE y los bancos centrales del SEBC que gestionan las mencionadas bases de datos. Por razones de coherencia y exhaustividad, el BCE recomendaría igualmente delegar en la Comisión facultades similares en el ámbito de las bases de datos a las que se refiere, en lo referente a contratos de crédito al consumo, el artículo 9 de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (13). En caso de que el legislador decida no delegar facultades en la Comisión, el BCE recomienda que se estudien las posibilidades de avanzar hacia una mayor armonización de normas y prácticas a nivel de la Unión, debiendo para ello aprovechar el trabajo ya realizado (14) y considerar las recomendaciones de los foros internacionales acerca de, entre otros aspectos, la supervisión eficaz de los sistemas de información sobre créditos (15).